La Universidad de Salamanca acogió los días 9 y 10 de febrero el XIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA). En dicho foro, que se celebró en la ciudad para conmemorar el VIII centenario de la USAL, cerca de 300 especialistas plantearon modificaciones en el modelo administrativo que rige en el sistema universitario español.

En concreto, los profesores de Derecho Administrativo focalizaron las cuatro sesiones del congreso en otras tantas cuestiones que afectan a la organización de las universidades: La convivencia entre centros públicos y privados, la libertad de creación científica, la transferencia del conocimiento y la gestión de las universidades, que fueron objeto de análisis y debate con el objetivo, en palabras de Fernando López Ramón, presidente de la AEPDA, de “contribuir a la gestación y puesta en marcha de medidas que garanticen la apertura a la colaboración activa de lo público y lo privado, de lo individual y lo colectivo, de lo local y lo universal, de lo académico y lo burocrático".

La coexistencia de universidades públicas y privadas, con funciones idénticas pero sujetas a regímenes jurídicos distintos, centró la primera de las sesiones, en las que se analizó la idoneidad o no del desigual sistema legal al que están sometidas. Al término del debate la conclusión fue reclamar a los poderes públicos un mínimo de tratamiento común para todas las universidades, al objeto de fijar los requisitos que determinan que la actividad que llevan a cabo pueda considerarse “universitaria”.

Equilibrio

La ciencia, la tecnología y los procesos de innovación centraron las siguientes sesiones, en las que se abordó la actividad de los investigadores universitarios, y en particular la posibilidad de que exista un equilibrio entre las necesidades de los investigadores y la confianza de la sociedad en sus actividades científicas, incluyendo aspectos delicados como la investigación biomédica, la protección ambiental y la ciberseguridad, entre otros. Respecto a la orientación de los proyectos y los resultados obtenidos, los asistentes advirtieron del riesgo de que el conocimiento resultante se convierta en propiedad exclusiva de entidades que solo tengan un interés lucrativo.

En esa línea, los profesores de Derecho Administrativo señalaron la necesidad de introducir reformas en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, que es el mecanismo legal al que se recurre con más frecuencia para canalizar la transferencia de conocimiento desde las universidades. La última sesión, enfocada a analizar la relación entre la dirección académica y la gestión universitaria, los congresistas acordaron solicitar una modernización de la estructura organizativa de las universidades, y en particular aspectos como la potestad disciplinaria sobre el colectivo estudiantil, así como la regulación de los convenios con organizaciones extranjeras.

El Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, que fue inaugurado por el rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de la especialidad, Ricardo Rivero, que participó en el Congreso, y contó con ponentes como Mercè Darnaculleta (Universidad de Girona),  Dionisio Fernández de Gatta (Universidad de Salamanca), Alfredo Galán (Universidad Autónoma de Barcelona), Julia Ortega (Universidad Autónoma de Madrid) y Diana Santiago (Universidad de Santiago de Compostela), entre otros.