El profesor de la Usal Nicolás Rodríguez García inaugura en Brasilia el congreso de abogados públicos federales organizado por la Abogacía General de la Unión (AGU)

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En el encuentro Rodríguez García y el ministro jefe de la Abogacía General de la Unión presentan el acuerdo de cooperación académica suscrito entre ambas instituciones para la realización de actividades de
17/04/2012
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Comunicación Universidad de Salamanca
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El profesor de la Universidad de Salamanca Nicolás Rodríguez García, director del “Grupo de Estudio sobre la Corrupción”, inauguró en la jornada de ayer en Brasilia el “Curso de Defensa da Probidade e Recuperação de Créditos”, organizado por la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, con la conferencia titulada “La corrupción como obstáculo para la consolidación del Estado de Derecho en Iberoamérica”.

Durante el desarrollo de la actividad, dirigida a más de 200 procuradores y abogados públicos federales, Rodríguez García presentó, junto al ministro jefe de la Abogacía General de la Unión, Inácio Lucena Adams, el “Acuerdo de Cooperación Académica y Científica entre la Universidad de Salamanca (España) y la Abogacía General de la Unión (Brasil)”.

El documento fue aprobado durante la última reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca con el objetivo de formalizar las relaciones entre la “Escuela de la Abogacía General de la Unión” y el “Grupo de Estudio contra la Corrupción” y el “Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno” de la Usal. Fruto de este acuerdo se espera la organización de diversas actuaciones docentes e investigadoras entre ambas instituciones, entre las que destaca la participación conjunta en el “Máster Universitario en Corrupción y Estado de Derecho” y el “Programa de Doctorado Estado de Derecho y Buen Gobierno”.

AGU es la institución que, directamente o a través de órganos vinculados, representa a la Unión y tiene encomendadas constitucionalmente funciones consultivas de todos los dirigentes del Poder Ejecutivo Federal, así como funciones contenciosas en defensa de los intereses de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en las acciones judiciales en las que la Unión es parte interesada. Además, en el cuadro institucional de Brasil es básica en la política de persecución de actuaciones relacionadas con el fraude y la corrupción.