Declaración institucional del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca contra la tasa de reposición y las limitaciones legales a la contratación de profesorado y personal de administración y servicios

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Acuerdo aprobado en la última sesión ordinaria
23/07/2014
Autores: 
Comunicación Universidad de Salamanca
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El 30 de mayo de 2013 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprobó una Declaración Institucional en favor de su plantilla de Profesorado y de Personal de Administración y Servicios. Dicha Declaración alertaba sobre los graves perjuicios que la normativa de empleo público entonces vigente causaba al sistema público universitario español y, en particular, a nuestra Universidad; reconocía el sobreesfuerzo de nuestra plantilla para asegurar el servicio público al que estamos obligados; y exigía, finalmente, de los poderes públicos la eliminación de las limitaciones a la tasa de reposición de efectivos y a la contratación de personal.

Transcurrido más de un año desde que fuera aprobada aquella Declaración, la situación ha seguido deteriorándose. No solo se mantienen las disposiciones jurídicas y los recortes económicos que impiden cubrir las vacantes que se producen en el Personal de Administración y Servicios y obligan a reducir la plantilla de profesorado en el 90% de las plazas del personal permanente que se jubila o causa baja, sino que se anuncia que la fijación de una tasa de reposición constituye una “medida estructural” de control de las Universidades que pervivirá en el futuro.

Los efectos de estas decisiones en la Universidad de Salamanca serán, si nadie lo evita, extraordinariamente graves. La Universidad de Salamanca ha perdido en los últimos años 250 profesores, 150 de ellos funcionarios, así como un centenar de miembros del Personal de Administración y Servicios. Cerca de un tercio del profesorado permanente de nuestra Universidad tiene hoy más de 60 años, el quinto porcentaje más alto de todo el sistema universitario español. Y si el mantenimiento del 10% de la tasa de reposición supondría, según un reciente estudio de la CRUE, una reducción del 15% del profesorado funcionario de las universidades españolas entre 2011 y 2021, la Universidad de Salamanca perdería en ese periodo el 25%; además, en los últimos años el número de jubilaciones voluntarias supera ampliamente el de jubilaciones forzosas, por lo que la disminución del profesorado en nuestra Universidad podría alcanzar magnitudes aún más catastróficas. Por su parte, el Personal de Administración y Servicios no va a la zaga: un 25% tiene más de 55 años actualmente y el eventual mantenimiento de una tasa de reposición de efectivos cero en este colectivo supondrá una minoración del 22% del personal fijo desde 2011 hasta 2021.

En estas circunstancias, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca se suma a las iniciativas que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas lleva a cabo ante la próxima tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en defensa de la autonomía universitaria y de la calidad de la docencia y la investigación en las universidades públicas. Y aprueba por ello la siguiente declaración institucional:

1. La rígida aplicación de la normativa que, en los últimos años, ha impedido la reposición del 90% del Profesorado Universitario y del 100% del Personal de Administración y Servicios ha conducido a una merma significativa en la captación de talento y a una considerable reducción de capital humano en las universidades. Ineludiblemente, ello afecta a la calidad de la actividad docente, a la producción investigadora y a la capacidad de gestión de nuestras universidades, y redundará en una pérdida de posición en el panorama científico internacional. Además, la paralización de la incorporación del talento más joven conducirá a una pérdida de capacidad de innovación y de trasferencia de conocimientos a la economía productiva y -en consecuencia- a la competitividad de nuestro país. 2. La situación actual hace casi imposible la “carrera profesional” de los profesores universitarios y del Personal de Administración y Servicios que, al igual que el resto de empleados y cuerpos de la Administración Pública, tienen derecho al desarrollo de una carrera que redunde en mejores resultados docentes, investigadores y de gestión y, en consecuencia, en mayor rentabilidad social. La normativa de empleo público vigente conduce, además, a tasas cada vez más elevadas de empleo temporal e interino. 3. La interpretación del Ministerio de que la aplicación de la tasa de reposición supone que, con independencia del resultado del concurso correspondiente, todas las plazas de carácter permanente convocadas por las Universidades producen la reposición de efectivos, implica una discriminación injustificable, tanto para las universidades (en las que, a diferencia del resto de la Administración Pública, no resulta compatible la reposición de efectivos con la promoción de su personal y el rejuvenecimiento de sus plantillas) como para el propio profesorado, que ve reducidas al mínimo sus posibilidades de promoción. 4. La pervivencia de tasas de reposición y de normas que dificultan la sustitución del personal en las Universidades amenaza el normal desarrollo de la actividad universitaria, e implica un riesgo de colapso para aquellas instituciones con una pirámide de edad más madura, como es el caso de la Universidad de Salamanca, cuyo futuro se encuentra gravemente comprometido en vísperas de la conmemoración del Octavo Centenario de su fundación. 5. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca reconoce y agradece la profesionalidad, el sobreesfuerzo laboral y el compromiso institucional de su profesorado y personal de administración y servicios, en un contexto de desencanto generalizado y de desafección institucional, y reclama la eliminación en los próximos Presupuestos Generales del Estado de la tasa de reposición para el personal de las universidades, así como de todas las medidas que impiden la renovación y promoción de sus plantillas, solicitando además el apoyo a esta reivindicación de las instituciones públicas y organizaciones sociales de su entorno.