El Tribunal de Cuentas alerta de las elevadas sanciones por los gastos electorales mal justificados Por primera vez, en las próximas elecciones se aplicará la reforma de la Ley de Financiación de Partidos con multas mínimas de 50.000¿ R.D.L. | SALAMANCA ¿Alertamos a todas las agrupaciones de electores de todos los pequeños pueblos del rigor de las sanciones que se van a imponer por justificaciones incorrectas de los gastos electorales que a veces son de muy pequeña cuantía, pero que con la reforma de la ley van a suponer una sanción mínima de 50.000 euros", advirtió ayer Antonio Arias, síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, durante su participación en el III Congreso internacional de control público y lucha contra la corrupción, organizado por las universidades de Coimbra y Salamanca. También la consejera del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro Moya, acompañada de Emilio Melero, como representante del Consejo de Cuentas de Castilla y León, puso el acento en la rigidez a la normativa de financiación de partidos modificada en 2015, aunque será en las próximas elecciones cuando realmente se aplique, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, como catedrático de Derecho Administrativo y buen conocedor de la materia, reconoció que es ahora cuando van a comenzar a verse los efectos de esa reforma, por lo que es conveniente que todos los partidos sepan que cambiaron las reglas del juego en ¿ Arias, en el congreso bajo la mirada de Rivero, Melero y Genaro. | guzón cuanto a la justificación y el control de los gastos electorales. ¿La ley invita a los partidos políticos a desplegar programas de cumplimiento para garantizar que estas normas se cumplan. Estoy convencido de que los grandes partidos ya han hecho su trabajo, pero los pequeños pueden tener muchos problemas si no leen bien la ley", hizo hincapié también Ricardo Rivero. Antonio Arias explicó que el Tribunal de Cuentas sancionará a las candidaturas que superen los límites de los gastos electorales previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que son de 0,11 euros por habitante en cada municipio donde se presenten, es decir, que a un ayuntamiento con 500 habitantes le corresponderán 55 euros para una campaña electoral. Si el gasto es superior a ese límite en un 10% será una infracción muy grave y la sanción mínima que conllevará ascenderá a 50.000 euros. ¿La sociedad estaba demandando este cambio, el problema es que hemos pasado de un extremo al otro", lamentaba ayer el síndico Antonio Arias formado en la Universidad de Salamanca.