El Gobierno desplaza a la Aneca y asume el control de la homologación de títulos universitarios Un decreto quiere desbloquear, con una comisión a cargo del número dos de Subirats, la espera de miles de profesionales para ejercer en España se encuentren a su llegada a nuestro país. «Será obligatoria, para las personas solicitantes de los procedimientos de homologación o de declaración de equivalencia regulados en este real decreto, la realización de todos los trámites con las administraciones públicas, incluido el de interposición de recursos administrativos relacionados con estos procedimientos, por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio de Universidades». Esta obligatoriedad que impone Joan Subirats ha sido cuestionada hasta por miembros del Gobierno. En la memoria de impacto normativo del real de Solo en 2021 se llevaron a cabo unas 25.000 solicitudes de homologación y equivalencia, valores similares a los de 2019 personas que la integrarán, dos serán de dicha agencia estatal. Otras cuatro serán representantes de los Decanatos de Facultad o de las Direcciones de Escuela universitarias españolas; cuatro serán elegidas entre el profesorado universitario con vinculación permanente a su campus y habrá tres en representación de la secretaría general de Universidades. Obligatoriedad de internet Otra novedad de la norma es que se obliga a los solicitantes a hacer todos los trámites por vía electrónica, sin importar la condición socioeconómica que tengan en su país de origen o en la que creto, al que también ha accedido este periódico, el Ministerio de Exteriores le tiene que recordar a Universidades que «dada la previsible heterogeneidad de las personas solicitantes, y las condiciones personales en las que se puedan encontrar respecto a la posesión privada, o no, de medios electrónicos, y teniendo en cuenta que se trata de personas físicas, parecería procedente que (...) puedan elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no». El ministerio dirigido por Albares insiste: «No parece que se pueda dar por supuesto que cualquier persona que solicita una homologación, declaración de equivalencia o convalidación tiene acceso y disponibilidad de medios electrónicos». La enmienda de Exteriores es, sin embargo, rechazada por Universidades que considera, sin dar ni una sola cifra, que «los titulados universitarios son personas físicas a las que se les supone una capacidad económica, técnica, dedicación profesional y acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios». Los tiempos no se acortan Por otro lado, si este decreto vino a agilizar, no lo hará por la vía de los plazos. ¿Por qué? La norma señala que la resolución a cargo de la nueva comisión «se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, la solicitud JOSEFINA G. STEGMANN MADRID El Ministerio de Universidades quiere quitar el tapón burocrático que está impidiendo ejercer a los profesionales extranjeros en nuestro país. Para eso, dice, ha elaborado un nuevo real decreto que establece las condiciones y los procedimientos de homologación y declaración de equivalencia de los títulos universitarios extranjeros. Este deroga una normativa en vigor que «no ha sido capaz», asegura el propio ministerio, de asumir el aumento del volumen de solicitudes de homologación y equivalencia que, «unido a la complejidad del procedimiento (...) ha tenido como consecuencia la acumulación de expedientes y la demora subsiguiente en la resolución de los mismos», señala la norma a la que ha accedido ABC. Ahora un profesional extracomunitario puede tardar entre dos y tres años hasta ver convalidado su título universitario en España. El nuevo real decreto, que se aprobará previsiblemente hoy en Consejo de Ministros, establece, por primera vez, una nueva figura encargada de llevar a cabo los procedimientos de homologación y de declaración de equivalencia (el primero de los cuales habilita para ejercer una profesión en nuestro país). Se trata de la llamada Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia, que estará adscrita a la secretaría general del Ministerio de Universidades. Hasta ahora era una agencia independiente, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, más conocida como Aneca, la encargada de hacer las labores que ahora recaerán en la mencionada comisión. Su máximo responsable será el número dos del ministro Subirats, José Manuel Pingarrón, actual secretario general de Universidades. Eso sí, dentro de dicha comisión sí habrá gente de la Aneca. De las trece El ministro de Universidades, Joan Subirats // ABC se podrá entender desestimada por silencio administrativo». Los tiempos, por tanto, no parecen acortarse ya que la norma anterior, de 2014, señalan lo mismo, es decir, que «el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses». El ministerio de Universidades explica el mayor o menor número de solicitudes no se han producido a lo largo del tiempo por cuestiones de inoperancia sino por la situación socioeconómica de España, de los países latinoamericanos o por la pandemia de Covid. Así, «en el año 2019 se duplica la cifra precedente y se sitúa en 26.061 solicitudes. Este ritmo queda truncado por los efectos sobre la movilidad de la pandemia de la Covid-19, aunque pese a ello (y tal vez atraídos por las necesidades de profesionales para reforzar en ese contexto sanitario tan grave el sistema de salud) el número de solicitudes sigue siendo elevado, alcanzándose las 19.300. Las cifras referidas a 2021 (24.807 solicitudes) muestran que la trayectoria ascendente va a continuar y, probablemente, situándonos en valores similares a los del año 2019», señala la memoria del real decreto. Y prosigue: «A estas peticiones cabe añadir las solicitudes de acreditación profesional de títulos españoles, que anualmente son unas 4.000, y las solicitudes de reconocimiento profesional de títulos de personas que los han obtenido en la UE y en países del Espacio Europeo de Educación Superior que son unas 200 por año».