ricardo rivero catedrático de derecho administrativo «Tendrían que haberse transferido muchos más recursos europeos a autonomías y entidades locales» Cree que los ministerios, tras la transferencia de competencias, no soportan la ejecución de proyectos como los Next Generation ¿Tan mal estamos para que deba plasmarse por escrito un plan en esa línea? -Yo creo que las instituciones europeas son conscientes de que han existido en algunos casos malas prácticas, y quieren que eso no ocurra. Hubo un gran debate entre Estados del norte y del sur (aunque no exactamente entre todos los territorios de cada una de estas dos zonas) en torno a esta política que comporta trasladar deuda a las institucio El catedrático de Derecho Administrativo Ricardo Rivero. USAL nes europeas. Deuda que tendremos que pagar entre todos, porque este dinero no cae del cielo, sino que se libera a cuenta de una futura fiscalidad europea, probablemente de carácter ambiental. Estas son garantías que también exigen países del norte, como Holanda, por su percepción de los riesgos en la ejecución de grandes cantidades de recursos, que tendrán que ser asumidos por las futuras generaciones y deben gastarse bien. o. p. arca SANTIAGO / LA VOZ Ricardo Rivero Ortega (Palencia, 1969) es catedrático de Derecho Administrativo y rector de la Universidad de Salamanca. El pasado año dirigió el libro colectivo Modernización de la Administración Pública para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y hoy ofrece una conferencia en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago sobre el marco jurídico-administrativo de la gestión de estos fondos europeos. -¿En qué sentido precisa modernizarse la Administración pública para ejecutar este plan? -El problema más importante que se está percibiendo ya es la lentitud de la Administración. La Administración española tiene unos tiempos de respuesta parsimoniosos y la inyección de tantos miles de millones de euros en la economía, para que lleguen a las empresas, requiere ejecuciones rápidas y efectivas. Nuestro sistema administrativo no está del todo preparado para eso. Es una cuestión de ritmos de ejecución. -¿Cómo se podría mejorar? -Yo soy partidario, en primer término, de la descentralización. Creo que en lugar de realizar una gestión principalmente centralizada de los fondos, tendrían que haberse transferido muchos más recursos, muy pronto, a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Se han transferido muchos, pero no tantos como yo creo que hubiera sido conveniente. Y, además, se ha hecho despacio. El aparato de los ministerios de la Administración General del Estado no está diseñado ya, tras la transferencia de competencias, para ejecutar proyectos extrapresupuestarios nuevos. Una reforma en clave descentralizadora o un estilo distinto de gestión en esa línea hubiera sido preferible. Los portugueses han ido más rápido en la ejecución de su plan, por ejemplo. Han transferido muchos recursos a las entidades locales, han recurrido a las universidades¿ -¿Los fondos europeos de recuperación están llegando realmente a las empresas? -No en el volumen que sería deseable ni con la celeridad con que se esperaban. El propio Estado reconoce que el nivel de ejecución sobre los hasta 140.000 millones, entre créditos y subvenciones di rectas, es muy bajo, en comparación con esas cifras. -Contrasta ese bajo nivel de ejecución con el anuncio de la petición del tercer desembolso de fondos en noviembre. -Es que hay que ir demostrando que se cumplen los plazos. Una cuestión es que el Estado perciba el dinero, y otra es que llegue hasta sus últimos destinatarios. Si el Estado español no pidiera a Europa esos recursos, se deslegitimaría, daría a entender que no los necesita. -¿Corremos riesgo de colapsar la economía real por esa lentitud de la Administración? -Ahora mismo la inflación demuestra que hay cierto exceso de liquidez, y todavía no se ha producido un descenso brusco del consumo. Pero eso, previsiblemente, llegará, y si no se agiliza la ejecución esa lentitud puede tener un efecto macroeconómico. Por otro lado, estos fondos habrían de servir para situar a la economía española en otras capacidades por la digitalización y por una transición ecológica en clave de sostenibilidad que trae otros beneficios. No es solo la recuperación económica en sí, que es su principal propósito, y la creación de empleo. Son también visiones de largo plazo: cuanto más tarden en ejecutarse esos proyectos, más se ralentizará esa transición en clave digital, ecológica y de consecución de otros equilibrios: sociales, de inversión en sanidad, en educación, en investigación. -Usted habla hoy en Santiago del marco jurídico-administrativo para la gestión de los fondos de recuperación. ¿Es muy diferente a otros fondos europeos? -Sí. Tiene criterios de seguimiento basados en hitos y objetivos que son distintos a los planteados en otros fondos. Comparte con ellos parte del marco normativo, pero también se han aprobado normas específicas para estos fondos. Se esperan mayores controles y compromisos de no realización de fraudes, y las instituciones europeas han condicionado al cumplimiento de garantías del Estado de derecho la liberación de los fondos, lo que no ha planteado problemas en España pero sí en otros países como Hungría o Polonia. Es un nuevo enfoque en la financiación de las políticas. -Entre las condiciones se incluye un plan de medidas antifraude.