La catedrática de la Usal Araceli Mangas analiza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

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La Fundación BBVA publica la obra en la que la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales revisa los efectos de la Carta artículo por artículo
02/12/2009
Autores: 
Comunicación Universidad de Salamanca
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Salamanca, 3 de diciembre de 2009. Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, es la autora de un estudio publicado por la Fundación BBVA en el que analiza la nueva Carta de Derechos Fundamentales del siglo XXI de la Unión Europea. En su obra Araceli Mangas relaciona cada artículo con el Derecho Comunitario, otros convenios internacionales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La publicación aborda una investigación exhaustiva y en profundidad de cada artículo, una metodología poco habitual en España. "No es una mera exégesis. Se ha hecho el análisis del origen de cada precepto, su relación con otros preceptos del derecho de la Unión Europea y con el propio derecho derivado que lo haya desarrollado. Aporta, pues, un visión sistemática o de contexto de cada precepto", explica la profesora de la Usal. La Carta, que tiene como objetivo reforzar los derechos fundamentales de la UE, entró en vigor el pasado 1 de diciembre, de manera simultánea al Tratado de Lisboa, con el que comparte una misma fuerza jurídica. El documento consta de 54 artículos que recoge el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y proclama los derechos relativos a la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia de los ciudadanos europeos. Se trata de una síntesis de derechos dispersos en diferentes tratados internacionales que, gracias a la Carta, ahora se incorporan a una disposición comunitaria del máximo rango, lo que clarificará (aportando mayor transparencia) el marco jurídico de la protección judicial; hasta ahora el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aplicaba los derechos fundamentales como principios generales del Derecho, a falta de un texto específico de la UE que los proclamara y les diera cohesión orgánica.